jueves, 12 de abril de 2007

SE REGO DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO FUSTIGA DERROCHE EN CAMPAÑA
'El gran peligro de las elecciones ya no son los fraudes, sino quién las paga'

En nombre de la dirigencia de la Iglesia Católica, monseñor Ramón de la Rosa y Carpio fustigó a los partidos políticos por los millonarios gastos que hacen en propaganda y emplazó a la Junta Central Electoral a que prohíba toda modalidad de campaña prematura con miras a las elecciones del 16 de mayo de 2008.

El presidente del Episcopado Dominicano resaltó que no bien terminaron las elecciones congresionales y municipales de 2006, los principales partidos empezaron a abrir sus campañas para elegir a sus candidatos presidenciales, "con el agravante de que ya las primarias no son internas, sino verdaderas campañas nacionales, a través de los periódicos, la radio y la televisión, en calles y avenidas y hasta con caravaneos y bandereos”.

De la Rosa Carpio habló en la homilía de una misa de acción de gracias que ofició en la explanada de la sede principal de la JCE, a la que asistieron las autoridades electorales y dirigentes políticos. El oficio tuvo como motivo la celebración del 84 aniversario de la institución, por lo que su presidente, Julio César Castaños Guzmán, emitió un discurso en el que asumió el compromiso de la transparencia y el desarrollo institucional.

Según un monitoreo de publicidad de la JCE, entre los tres precandidatos peledeístas han gastado en ese concepto RD$54.5 millones, 25 de esos millones por el proyecto reeleccionista del presidente Leonel Fernández.

Además, el Partido Reformista Social Cristiano publicó documentos que develan que los aspirantes presidenciales Amable Aristy Castro y Eduardo Estrella ya gastaron en sus campañas RD$96 millones.

El prelado dijo que “se impone” que la JCE ejerza sus funciones y elabore los reglamentos de supervisión del uso de los recursos en campaña, como anunció Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa.

Sugirió varias medidas concretas de acción inmediata, con apoyo en los artículos 88 y 89 de la Ley Electoral y en la disposición de la sociedad dominicana a respaldar las decisiones del tribunal comicial.

Pidió la prohibición total de promoción de candidaturas en los medios de comunicación y también del uso de afiches y vallas en espacios públicos, antes de que el organismo abra oficialmente la campaña. La Ley habla de 90 días antes de los comicios. Sugirió una regulación estricta del tipo de publicidad política que puede hacerse en espacios públicos y la limitación del tiempo en los medios electrónicos y del espacio en los periódicos que pueden usar los partidos y candidatos para su promoción.

Solicitó también prohibir, cuando la campaña esté formalmente abierta, la realización de actos públicos que puedan servir de promoción política, como actos inaugurales de obras públicas.

El arzobispo de Santiago sostuvo que las campañas electorales costosas perjudican de diversos modos a la democracia. Aseguró que privilegian a los dueños de grandes capitales en detrimento de la gran mayoría de la población.

Afirmó que incentivan el “rentismo”, porque muchos hacen “inversiones” para luego cobrar dividendos en tráfico de influencia, en contratos de grado a grado para obras públicas y servicios y en facilidades impositivas.

Dijo que promueven el clientelismo porque los elegidos pagan con empleos públicos a sus redes de activistas.

Argumentó que se favorece a los políticos más inescrupulosos que se venden a quienes mejor los financien y perjudican a los honrados que se apegan a programas y quieren llegar a cargos públicos para servir.

“Promueven la corrupción administrativa y el uso de dinero ilícito en el fundamento de la democracia, proveniente del narcotráfico y del lavado de activos en sus múltiples manifestaciones”, dijo de la Rosa y Carpio.

“Se afirma hoy con frecuencia que el gran peligro de las elecciones del futuro ya no está en los fraudes, sino en quién las paga”, añadió.

Además de agradecer la homilía del obispo, Castaños Guzmán destacó los logros de la presente gestión, que se inició en noviembre de 2006.

Citó el reglamento que establece sueldos a los oficiales civiles y reglamenta los precios de los servicios que estos ofrecen, el reglamento para la fiscalización de las asambleas y convenciones de los partidos, el proyecto de resolución para el libro de extranjería, la concepción de la anunciada escuela nacional electoral y la publicación del cronograma para los comicios de 2008.

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